Si de vez cuando atendemos al tema de los impuestos, nos podemos encontrar con noticias como la siguiente en la que es la ciudadanía quien intenta burlar la vigilancia de los recaudadores:

“Tapiar una terraza para ganarle metros a la casa… o construir una casa de campo en terreno rústico, y no declararlo, son algunos claros ejemplos de irregularidades urbanísticas que tiene sus efectos en la ficha catastral que debe responder fielmente a la descripción del activo. Detrás de esta actuación casi siempre está la picaresca para evitar el encarecimiento del recibo del Impuesto de Bienes Inmueble (IBI)l. En otros casos, se trata de un mero desconocimiento de la norma, ya que el titular debe proceder a presentar una declaración de alteración de inmueble” (https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/10/14/economia/1665768602_010284.html).

Pero también se puede leer en el mismo año esta desde la otra parte; esta vez es la administración de Hacienda que intenta defraudar al ciudadano:

“Hacienda admite que infla la valoración de las viviendas y obliga al contribuyente a pagar la reclamación. El Fisco reconoce que los valores de referencia en vigor desde enero suponen una subida artificial de los precios y, por lo tanto, de los impuestos a la vivienda. Con todo, exige al contribuyente que pague y eso sí, dice que puede recurrir, con el coste que supone” (4-5-2022, https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/hacienda-infla-valoracion-viviendas.html). Este segundo caso se refiere a la vivienda protegida; y es nada menos que la ministra de Hacienda la que reconoce el fraude.

En nuestro caso, vamos a hacer referencia en esta entrada a otro impuesto que nos parece inflado: el impuesto sobre bienes de las viviendas en el rural de la zona de Castilla-La Mancha. Quienes conozcan esta región saben bien lo que es la economía sumergida. No queremos decir que sea dinero ilegítimo, pero sí fruto de transacciones informales, que no quedan registradas en la contabilidad de las empresas. La ciudadanía se justifica por ello porque tiene conciencia de que es la misma administración tributaria la que también a veces defrauda. ¿Qué quiere decir el uso del término “defraudar” en este segundo contexto?

Bajo apariencia de legalidad, la administración de Hacienda “infla” precios y, a pesar del descontento de la gente por ellos, mantiene durante años esas prácticas porque ciertamente le conviene. El resultado es una fiscalidad “legal”, pero injusta, que contribuye a incrementar el fraude fiscal. Quien se siente estafado por un impuesto que considera injusto va a buscar, sin lugar a dudas, estrategias para revertir esa situación y recuperar el dinero que cree le han quitado injustamente.

Un caso evidente es el mencionado impuesto tras la compra de una vivienda. El marco del sentido común le hace ver al ciudadano del rural que es legítimo que le cobren un impuesto por esa compraventa (por ejemplo, algo razonable, entre un 8-10%). Pero lo que no puede aceptar su sentido común es que le dupliquen la cantidad porque esa vivienda quede revalorizada el doble por la misma administración. Una casa vieja, en origen o con una mínima reforma, que cuesta 30.000 o 40.000 euros, pasa a tener un valor de 60.000 u 80.000. Eso sí, se aportan razones técnicas como justificación, pero la gente no las entiende como legítimas; las reconoce como un abuso.

Desde el punto de vista del ciudadano común, no le cabe en la cabeza esa cantidad. “Esas cosas pasan en las ciudades, en donde suben los precios de forma tan elevada, pero aquí no”, dicen. “¡Si te cobran el impuesto porque dicen que la vivienda vale 80.000 euros es que te están estafando! Aquí las cosas no valen esa cantidad; sabemos lo que valen las propiedades, por eso los precios son otros”. Indagando más sobre este impuesto, nos dicen que también pasa en las viñas y en otras tierras sin cultivar, porque sus dueños son ya mayores y los hijos viven fuera; en la compraventa, las sobrevaloran como si fueran campos con producción: «los peritos a veces van en consonancia con los de Hacienda», explican.

A este ciudadano se le puede ocurrir poner un recurso porque algunos expertos con los que consulta le dicen que no tiene sentido inflar así este impuesto. Sin embargo, tras el proceso, aún se da más cuenta de que la apariencia de legalidad continúa; con ella la administración se protege porque no quiere hacer cambios. Un experto recuerda lo que una vez le oyó decir a un director de la administración tributaria: seguimos con estas prácticas porque apenas un 5% de la población recurre este impuesto.

¿Por qué no hay más recursos? La gente del rural no es ingenua; sabe que es mejor aceptar la decisión porque le queda otra solución con la que la administración no se ha atrevido a aún: el IVA de las facturas. Quien recibe un impuesto de patrimonio inflado tiene esta segunda opción. Esta vez ya sin ningún remordimiento.

Es el mayor ejemplo de distancia entre la ciudadanía y la administración tributaria: la del ciudadano que no entiende la finalidad de un impuesto y busca recuperarlo como sea por otro camino. En otros casos, puede no gustarle, pero llega a comprenderlo al ser más progresivo; y lo relaciona con la sanidad, la educación, la jubilación… Pero, en este caso del patrimonio, simplemente lo ve abusivo.

La administración de Castilla-La Mancha, gobernada durante tantos años por el mismo PSOE (queremos decir, un socialismo tan derechizado), y unos cuantos años más por un PP en sus mejores años de la corrupción con la señora Cospedal, aún está esperando una reforma de la administración más eficiente. Hace unos años subieron tanto el IBI que luego lo han tenido que mantener congelado durante los siguientes. Mientras tanto intentan compensar la recaudación tan escasa de la región inflando estos otros: «tienen que sacar recursos de hasta en las piedras», dice otro experto.

La fiscalidad para que sea aceptada por la ciudadanía tiene que ser ante todo justa; es el gran pilar de la democracia. Para ello, ha de ser revisada según la renta y reequilibrada continuamente para adaptarla a las nuevas realidades; sobre todo, para que no sea incompatible con el marco del sentido común de su población.