La defensa del “común”, tras la intervención de la Caja Rural de Mota del Cuervo (I)

Con la crisis de 2008, hay nombres y hechos que en España forman ya parte del imaginario de todos: la estafa de las preferentes, las tarjetas black, la Gürtel, los desahucios de la PAH, la intervención de las grandes cajas de ahorro, etc. Sin embargo, otros han quedado circunscritos a ámbitos más pequeños, como es el caso que nos ocupa, el de la caja rural de un pueblo agrícola de la comarca de La Mancha, en Cuenca.

Una caja rural tiene una historia ligada a un territorio y un tiempo de inicio. La de Mota del Cuervo surgió en la década de los cincuenta como cooperativa de ahorro de los excedentes del trabajo agrícola (principalmente uva, aceituna y ajos) y sobre todo una forma asequible de acceso al crédito para los emprendimientos locales que iban surgiendo. Incluso los trabajadores de la entidad asesoraban en temas legales relacionados con la agricultura (subvenciones y seguros por desastres, subvenciones europeas para la agricultura, etc.). La fundación de dicha caja (creada más tarde) era también la forma más común para la financiación de actividades educativas, culturales y sociales del pueblo. En los últimos años antes de la intervención, la caja llegó a manejar el 80% del dinero del pueblo.

Pero la burbuja inmobiliaria acabó también afectando a esta pequeña caja porque (por qué no decirlo así) los valores tradicionales del ahorro, seña de identidad de los pequeños agricultores en tierras de grandes propietarios, empezaron a perderse. Un dato lo demuestra: 7 millones y medio de desfase en el ejercicio del 2013. Y acto seguido una resolución implacable: el 14 de enero de 2014, el Banco de España declara su inviabilidad, interviene la entidad y el FROB (Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Bancaria) procede a su  disolución y venta a otra entidad. En este caso, la adjudicataria es Globalcaja.

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Sin embargo, a finales de diciembre de 2013, la asamblea de los socios de la caja rechazó el preacuerdo de fusión con esta entidad que el Consejo Rector de la Caja había propuesto a instancias del Banco de España. Los socios consideraban que el desfase presupuestario podía ser asumido por ellos mismos o por el fondo de Asociación de Cajas Rurales, para lo cual instaban al Consejo Rector a convocar, como era preceptivo, otra asamblea para debatir este punto. Esta nueva asamblea ya no se pudo convocar porque el Banco de España hizo caso omiso a esta decisión popular y, a lo largo de un solo y único día (el 14 de enero de 2014, ya citado), decide la intervención, la resolución de inviabilidad y su venta urgente (a la misma entidad que los socios habían rechazado).

Tras esta decisión, se constituye una plataforma en defensa de la caja, que inicia un proceso judicial con dos objetivos: 1) revocar esta decisión del Banco de España;  y 2) recuperar para el pueblo los bienes de la fundación (los edificios del centro de salud y el centro social, una zona de recreo, entre otros), en manos ya de Globalcaja. En este segundo caso, la injusticia era manifiesta porque la fundación tenía personalidad jurídica propia y no estaba regulada por el Banco de España; era, pues, una prioridad recuperar el patrimonio conseguido durante sesenta años con los esfuerzos de todos los habitantes del pueblo.

Dicha plataforma acudió al asesoramiento de un perito independiente, un catedrático de universidad, experto en cajas rurales y economía social. ¿Cuáles son los argumentos que utilizan ambas partes para justificar sus respectivas posiciones? Es lo que vamos a intentar mostrar a continuación, como ejercicio de transparencia en la gestión pública:

Banco de España:

1. Inviabilidad económica de la caja.

“En la última inspección realizada a la entidad, finalizada el pasado mes de diciembre… los servicios de inspección del Banco de España constataron un incumplimiento significativo de los coeficientes de recursos propios y de capital principal y un deterioro patrimonial que suponía un riesgo apreciable de que la entidad no pudiera hacer frente a sus obligaciones en un futuro próximo”.

Plataforma en defensa de la CR:

1. En sus 60 años de historia, la Caja nunca había entrado en pérdidas, excepto en el ejercicio que se indica. Según el perito independiente, se trataba de una situación coyuntural, fácilmente solucionable. El estudio longitudinal realizado mostró que la caja siempre había tenido superhábit, excepto en 2013.

– Una parte de los créditos considerados impagados no eran tales, sino créditos realizados con algún defecto de forma (sin tasaciones, aportación de determinados documentos, avales, etc.). Según el perito independiente, estos defectos de forma son frecuentes en este tipo de cajas por la familiaridad con los clientes y el arraigo en su territorio. Porque el cliente es el socio, el propietario de la caja rural; ello explica también que en este tipo de caja la morosidad sea bastante baja. Esto no se tuvo en cuenta en el informe de diagnóstico del FROB. Se actuó de manera precipitada con la intervención. Además, continúa, la autoridad bancaria europea exige que el ratio mínimo de capital de una entidad sea del 9%. La entidad de Mota del Cuervo siempre ha estado por encima de ese ratio, incluso por encima de los valores de la caja que la compró, Globalcaja. Y estadísticamente no está demostrado que la fusión de las cajas en otra mayor sea garantía de mayor estabilidad.

Banco de España:

2. Inviabilidad de la caja para cumplir sus objetivos de interés público.

“[N]o siendo razonablemente previsible que la entidad fuera capaz de revertirla por sus propios medios, el Banco de España y el FROB iniciaron los trámites que han permitido la apertura y culminación del proceso de resolución en un breve espacio de tiempo.”

Plataforma en defensa de la CR:

2. La asamblea de los socios decidió, por amplia mayoría (el 86% de los presentes en la asamblea, y esta asamblea era soberana para decidir este tipo de cuestiones), realizar por ella misma la provisión de los fondos requeridos (7 millones y medio de euros); bien acudiendo a la Asociación de Cajas Rurales, bien aportando cada socio la cantidad necesaria o dejar de percibir los intereses por sus depósitos. Y, sobre todo, tras aceptar la dimisión del equipo gestor, se acordó implementar un plan riguroso de apoyo técnico y gobernanza para reconducir la situación de pérdida.

El cálculo que realizó el perito fue que, en el escenario menos optimista de que la Asociación de Cajas Rurales se negara a apoyar la recapitalización, cada socio tendría que aportar la cantidad de 1700 euros. Pero las cajas rurales se rigen por el principio de solidaridad y es muy dudoso que esta Asociación no se implicara (total o parcialmente) en ayuda de la Caja de Mota del Cuervo.

Por tanto, la solución aportada por los socios no implicaba gasto alguno para el erario público ni riesgo sistémico para el conjunto del sistema financiero español.

– Según manifestó el perito independiente en la vista de la Audiencia Nacional, la cantidad de 1700 euros parecía una cifra fácil de asumir por cada socio, teniendo en cuenta el contexto de dicho pueblo (acostumbrado a disponer de crédito de manera asequible y sin demasiada burocracia). Además, los socios, pequeños agricultores, eran personas con patrimonio y arraigadas en dicho contexto. Era improbable que se produjera el impago en la mayoría de los créditos pendientes.

Banco de España:

3. La intervención se hizo según lo estipulado por la ley.

“Ello teniendo en cuenta la concurrencia de las circunstancias singulares del presente caso, que se ajustan a las exigencias de la Ley 9/2012 para la aplicación de los instrumentos de resolución de entidades de crédito”.

Plataforma en defensa de la CR:

3. La intervención vulneró lo establecido por las leyes en vigor.

– El Banco de España no ofreció la posibilidad de reconducir la situación en un plazo de tiempo razonable. El Consejo Rector de la Caja presentó el plan de viabilidad al Banco de España, pero este lo rechazó, decidiendo, como única opción, la fusión con Globalcaja. Cuando el Consejo Rector presentó la decisión del Banco de España ante la asamblea, ésta lo rechazó por el 86% de los votos y aceptó por unanimidad el plan de viabilidad.

Como ya se ha indicado, en este tipo de cooperativas la asamblea tiene plena soberanía en las decisiones. Según el perito independiente, el Banco de España actuó con rapidez y premeditación en dicha intervención, sin dar la oportunidad de reconducir la situación. La situación de la caja en enero de 2014 no era de insolvencia.

– El Banco de España no acudió a ningún experto independiente que determinara el valor real de la entidad, incumpliendo gravemente lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 9/2012.

– La urgencia de la intervención por una pérdida de 7 millones y medio, no estaba justificada. Según el perito independiente, es una cantidad irrisoria en el conjunto de las enormes pérdidas del resto de los bancos y cajas de ahorros tras la burbuja inmobiliaria (200.000 mil millones se dieron a los bancos y cajas para su saneamiento; 46 mil millones solo para Bankia). Si hubieran querido, lo hubieran hecho. Fue una cuestión política, que en el conjunto de las enormes ayudas otorgadas al resto del sistema financiero español, no resulta banal planteárselo. Es un hecho que demuestra la opción del Banco de España para favorecer las fusiones de entidades; le supone una incomodidad tener pequeñas entidades por todo el territorio. Sin embargo, no es la tendencia que está sucediendo en Europa; en Alemania, por ejemplo, el 50% del sistema financiero está en manos de cooperativas de crédito; y el gobierno alemán no ha cuestionado esta situación. Aquí sí.

– Esta urgencia (una decisión tomada en un solo día) vulnera el derecho fundamental a la defensa de las partes, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.

Banco de España:

4. La no intervención hubiera producido un grave perjuicio a los socios de dicha entidad.

“Estos instrumentos han permitido, además, evitar pérdidas no sólo para los socios de la entidad, sino también para aquellos depositantes que no gozasen de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, mediante la resolución de la caja y su venta urgente a otra entidad viable que asegure el futuro de su negocio” (Citas procedentes de la nota prensa del FROB, 14-1-2014, accesible on line).

Plataforma en defensa de la CR:

4. La mayoría de los depositantes de la caja eran socios, y socios del pueblo o de los pueblos limítrofes. La caja era una cooperativa; por tanto, era “su entidad” y querían salvarla por sus propios medios. No querían perder “su independencia”.

– El socio de una cooperativa no es un accionista (el término utilizado por el FROB, inadecuadamente), alguien que busca el beneficio económico exclusivamente; sino trabajadores del rural que sobre todo buscan el beneficio económico-social.

Según el perito independiente, el Banco de España y el FROB justificaron la intervención con argumentos de un marco inadecuado, solo reservado y utilizado para la intervención de las grandes entidades financieras. Es inaudito que se utilice este marco cuando estamos hablando de simples cooperativas de cajas rurales. El Banco de España y el FROB demuestran que no conocen su funcionamiento ni su finalidad: ofrecer a los pequeños agricultores créditos y retribuciones de los depósitos a bajo interés, inferiores a los del mercado; precisamente, con la finalidad de generar esa rentabilidad social, característica de una cooperativa de crédito. Estos aspectos sociales no se tuvieron en cuenta en la decisión de intervenir la entidad.

Hasta aquí los datos y los argumentos del conflicto surgido entre las dos partes. La interpretación ideológica de los hechos y sus distintos actores la dejamos para más adelante. Ahora toca esperar el curso legal de las demandas y su resolución. De todas formas, ya nos adelantan algo desde la plataforma: era una entidad muy “golosa” para los que buscaban fusiones; un ejemplo de connivencia entre el poder político y el financiero.

Sin embargo, sí que nos podemos hacer una última pregunta: ¿Por qué la insistencia de la plataforma en seguir con su pleito? Máxime cuando la caja sigue funcionando con normalidad desde su intervención hace dos años, y se ha observado también cómo algunos socios (vecinos y colectivos del pueblo) han abandonado la lucha.

La respuesta es muy sencilla. La plataforma está defendiendo algo que la ciudadanía tiene que empezar de nuevo a valorar: el común. Aquello que es de todos, de los vecinos y vecinas de los pueblos: sus montes, su agua, el excedente de sus frutos (en especie o en dinero), etc.

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Como es de todos, su cuidado no pueden dejarlo en mano de las multinacionales, de las empresas privadas ni de las entidades financieras con ánimo de lucro. Y, si hay beneficio, ha de revertir siempre en la comunidad y en las necesidades reales de la gente. No puede ir a nutrir la economía del casino y la de los paraísos fiscales, sino destinarse a la mejora de la educación de los jóvenes, sus actividades deportivas, musicales; la salud de la gente mayor; y quizás también (por qué no soñar) la financiación de actuaciones que reviertan el efecto negativo que tendrá el cambio climático en la agricultura de secano del pueblo. Porque estos excedentes se consiguieron a lo largo de los sesenta años de existencia de la caja con mucho esfuerzo físico, y tras muchas horas de frío y sol intensos en el campo.

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